La Comunidad de Madrid va a dar prioridad a la ejecución de proyectos centrados en la eficiencia energética y en la mejora de la accesibilidad en los municipios de la región, a través del Programa de Inversión Regional (PIR). Se trata de una iniciativa compuesta por 24 medidas para dar un impulso definitivo a aquellas propuestas que presenten los consistorios para mejorar las prestaciones, servicios e infraestructuras en sus poblaciones.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto modificado del Decreto del PIR 2022/2026 que ahora será enviado a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa. Esta modificación cuenta también con el respaldo de la Federación de Municipios de Madrid, que no ha presentado alegaciones al documento.
El nuevo Decreto plantea soluciones para las inversiones con proyectos anteriores al alza de precios y presupuestará las nuevas inversiones teniendo en cuenta su antigüedad y el índice de costes del sector de la construcción.
Se pondrá más el foco, sobre todo, en las pequeñas y medianas poblaciones, a las que la Comunidad de Madrid adelantará el 100% de la financiación de las inversiones incluidas en el PIR. Además, se dará libertad a los ayuntamientos para cambiar el modo de gestión de las inversiones pendientes de programas anteriores, si así lo solicitaron en el actual.
Otra de las modificaciones introducidas afecta a la empresa pública Obras de Madrid, que pasa a ser el centro gestor competente para la redacción y ejecución de las iniciativas de carácter supramunicipal. Igualmente, se favorecen las grandes inversiones en los municipios y aquellas que supongan más del 40% de la financiación total de la Comunidad de Madrid en la localidad serán dadas de alta en un plazo máximo de cuatro meses.
Por último, se reducen los plazos de supervisión de las obras que, a partir de ahora, deberán realizar los ayuntamientos que hayan contratado su redacción, como establece la Ley de Contratos del Sector Público. Esta medida evitará las numerosas subsanaciones actuales y reducirá los plazos de aprobación de proyectos en un 80%. Además, se refuerzan las tareas de seguimiento y control para la identificación temprana de posibles problemas técnicos y minimizar los retrasos en su ejecución.