El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha aprobado la distribución de 5.572.800 euros a Cantabria para la rehabilitación de viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

 

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de 430 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, procedentes del PRTR, aprobados por unanimidad en la pasada Conferencia Sectorial. «Hemos condicionado la entrega de estos pagos a 31 de diciembre de 2024, para dar más tiempo y facilidad a las comunidades autónomas y hemos ampliado el plazo para presentar y firmar la construcción de nuevas viviendas, que corresponden al Programa 6 de ‘Construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

 

Los 430 millones de euros corresponden al ‘Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026. Estos fondos están destinados a cambios, por ejemplo, de ventanas en una vivienda particular, digitalización, instalación de placas solares y fotovoltaicas, aerotermia o mejoras de zonas verdes.

El acuerdo de este martes, correspondiente a la anualidad del 2023, tendrá un criterio de reparto igual que en las anualidades anteriores, que fue a través del número de hogares según la encuesta del INE del año 2020.

 

A su vez, MIVAU ha establecido dos criterios a cumplir a 31 de diciembre de 2024 para poder transferir los fondos: que el número de resoluciones realizadas por la comunidades o ciudad autónoma supere el 75% del objetivo previsto y que el número de solicitudes supere el 75%, pero tendrá que acreditarse que las ya resueltas o ejecutadas superan el 50% del citado objetivo. Por tanto, a partir del 1 de enero de 2025, todas las cantidades correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 que no hayan sido transferidas (por no haber cumplido los requisitos establecidos), se distribuirán nuevamente entre las comunidades y ciudades autónomas que hayan cumplido.

 

Dentro del Programa de Rehabilitación, dotado con más de 3.420 millones de euros, la ministra ha destacado la partida de 450 millones de euros destinados a incentivos fiscales. «Gracias a estos incentivos, que presupuesta y financia este Ministerio, cualquier persona que realice una obra de rehabilitación en su vivienda, puede deducirse una parte de su coste en su siguiente declaración del IRPF».

 

La ministra también ha valorado que «el balance de la inversión de los casi 3.500 millones de este Programa de Rehabilitación es positivo y desde el Gobierno de España ya hemos puesto a disposición de las comunidades 2.211 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana».

Hoy en día, faltan por repartir 329 millones de euros, correspondientes a las CCAA de Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla. La segunda anualidad del ejercicio 2022 estaba ligada al cumplimiento de un objetivo: certificar al Ministerio que ya habían resuelto ayudas por un 25% del objetivo intermedio del Plan, antes del 31 de marzo de 2024.

 

«La mayoría de las CCAA han cumplido con el objetivo fijado, y para las que necesitan un poco más de tiempo, desde el Ministerio hemos decidido ampliar este plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, para poder transferir el dinero a la CCAA. No obstante, tendrán que aumentar el ritmo y llegar al objetivo del 50% de resoluciones y, en el caso que no lleguen, el importe se transferirá a las que si puedan acreditar un 75% de las resoluciones», ha precisado Rodríguez.

 

«Estos datos son posibles gracias a la cogobernanza y la colaboración entre muchos actores», ha añadido la ministra, quien ha agradecido el trabajo realizado al resto de Administraciones Públicas, Comunidades de Propietarios, Colegios Profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Administradores de Fincas y las Entidades Financieras, así como los trabajadores y trabajadoras del sector.